Hace poco se aprobó el Reglamento de la Ley Nº 30681 para regular el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados. Este reglamento era la última esperanza para las madres, hijos y demás personas  –todos conocemos a alguien– que se beneficiarían con el uso del cannabis en sus diversas formas de autocultivo o producción artesanal. 

Lamentablemente, y tal como ya ha pasado con el salitre, el guano de islas, la hoja de coca y tantos otros de nuestros preciosos recursos naturales, una vez más legislamos en contra de las necesidades de la población y los intereses económicos del Perú.

Tal como era previsible ante la miopía de la la mencionada Ley, el reglamento pone el uso comercial del cannabis en manos de los “establecimientos farmacéuticos”. Esto es comprensible ya que nuestros desinformados legisladores consideran un veneno peligroso a esta antigua e incomprendida planta sagrada. 

Al igual que la hoja de coca y otras muchas plantas consideradas sagradas por las culturas de la antigüedad, el cannabis tiene una amplia gama de propiedades físicas, psíquicas y terapéuticas que nuestras leyes sancionan sin conocerlas bien. 

Por otro lado, ni la ley ni su reglamento nacieron de la reflexión y el análisis de las variables críticas, sino de la presión mediática que produjo una metida de pata policial. Si no fuera por la aparatosa e insensible detención de madres que producían aceite de cannabis para sus hijos, el actual Congreso no hubiera siquiera considerado dicha norma. Esto grafica lo apresurado, formalista y casi paranoico de esta legislación. En cualquier país europeo, y en algunos como Uruguay en América, el cannabis medicinal se puede encontrar con facilidad y sin mayores trámites.

En este reglamento, por el contrario, se exige a los productores, importadores o distribuidores una serie de trámites y controles estrictos, pero también se obliga a que los pacientes se registren en el Ministerio de Salud, lo cual genera más burocracia y complicaciones. 

Por lo demás, solo podrán adquirirse productos con receta médica y solo la recetarán “médicos cirujanos” (?). Sí, los mismos que antes de todo este barullo no tenían idea de cómo curar o controlar las enfermedades y dolores que el cannabis alivia o cura. Bueno, hasta ellos tienen diversas limitaciones y exigencias especiales para recetar. Esto no tiene sentido.

Es necesario señalar que el reglamento permite solo un 1% de tetrahidrocannabinol o THC (la molécula con efecto psicoactivo) en los medicamentos que se venderán al público. Por lo tanto, si tomaras litros de aceite medicinal no sentirías el efecto sicoactivo que tanto temor causa en el Estado. ¿Para qué tanta burocracia y normas paralizantes entonces? 

El precio será otro enorme obstáculo. Un gotero de 120 ml producido en Holanda puede llegar a costar hasta 280 euros según su porcentaje de cannabidiol o CBD (la molécula no psicoactiva o "medicinal"). No digo que no los valga, pero me pregunto cuántas personas que están esperando una medicina barata y natural que ellos mismos pueden hacer en sus casas estarán felices con este reglamento.

Y no hablemos de las enormes posibilidades desperdiciadas en otras industrias y mercados que podrían beneficiarse de la comercialización del cannabis y sus derivados. Hace poco un amigo me trajo unos paquetes de yerba mate con cannabis que ya se comercializan en cualquier supermercado en Uruguay. Esto solo para hacer una comparación de las muchísimas disponibles en el mercado mundial.

¿Qué nos pasa que no podemos abandonar la mojigatería colonial que hemos heredado y la desinformación crónica que nos empeñamos en tener? ¿Hasta cuándo vamos a ser el país de las oportunidades perdidas mientras nuestros vecinos la hacen linda?

El proceso en Colombia nos puede ilustrar más al respecto. Bajo un régimen muy estricto de producción y procesamiento y una legislación a prueba de balas, los capitales, procedentes de las bolsa de Toronto y Nueva York, así como de muy diversas empresas colombianas, han desarrollado un negocio de proporciones globales que tienta un mercado que se proyecta a US$146,000 millones en el 2025, según un informe de Grand View Research. Ademas, ya se han realizado alianzas, fusiones, compra ventas, junto con la participación activa de empresas colombianas y de joint ventures en las mencionadas bolsas. 

Curiosamente el reglamento que comentamos aquí no dice una palabra sobre la agroexportación y sus enormes posibilidades, como tampoco sobre el autocultivo, dos de las cosas básicas sobre las que hay que legislar. Si esto no se corrige, la altísima renta del negocio global de cannabis seguirá desaprovechada por algunas décadas más para los peruanos, y las madres de Mamá Cultiva no tendrán más remedio que arriesgarse a ir a la cárcel o comprar a precios de Europa la medicina para su familia. 

Probablemente deberían hacerlo y provocar otro escándalo que obligue a los políticos locales a reaccionar y reparar los vacíos y exageraciones que vemos en el actual Reglamento.